Rosario, ciudad ocupada y militarizada de la Argentina

El periodista de Rosario Carlos del Frade, casi el único que se ocupa seriamente sobre este tema, menciona la existencia de una “doctrina de seguridad ciudadana”, cuyos orígenes deben rastrearse en la época en que el gobierno de Richard Nixon, en EEUU, crea la famosa y para nada confiable DEA. Desde aquel entonces hasta ahora, se trataría de un doble negocio, económico y político, para el sistema, y explica: “Millones de dólares y miles de pibas y pibes controlados químicamente para que dejen de surgir revolucionarios y, en todo caso, que crezca el delito pero nunca más el pensamiento crítico y la urgencia de cambiar la realidad”.

Sergio Berni y el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti; atrás, su  Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto

Sergio Berni y el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti; atrás, su Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto

Por Fabián Chiaramello. El pasado 9 de abril más de tres mil efectivos de fuerzas federales -Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria-, acompañados por las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), de la Policía de Santa Fe, realizaron un desembarco “de película”, como señalaron algunas crónicas periodísticas, en Rosario. Los medios nacionales reflejaron el “histórico” y “gigantesco” operativo, mientras que daban detalles de las hazañas de la ocupación encabezada y dirigida por el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Cooperativa de Comunicación La Brújula

“No venimos a buscar narcos, venimos a ocupar el territorio”, dijo Berni a los únicos tres periodistas que estuvieron presentes en el desembarco de las fuerzas represivas. Uno de ellos, el rosarino Carlos del Frade, volcó toda la vivencia en una tajante crónica publicada días después. Los medios titularon el operativo como un “golpe” al narcotráfico y como el primer momento para una ocupación que iba a “pacificar” los barrios más calientes de la ciudad. Según el propio periodista y testigo, los resultados del operativo fueron “anoréxicos a la hora de secuestro de cocaína y marihuana” y también en relación a las detenciones, “fieles consecuencias de filtraciones que llegaron con puntualidad a la mayoría de los 67 puntos operativos o búnkers”. La intención de militarizar fue evidente y explicitada luego. Fue así que después de la actuación, alrededor de dos mil efectivos de Gendarmería y Prefectura se asentaron en distintos “puntos rojos”. Siete meses después, el fracaso de la política represiva quedó en evidencia.

El discurso oficial y el sentido común dictan que mientras exista un mayor número de fuerzas represivas en los barrios, la seguridad se verá resguardada. Los medios de comunicación, los estados nacional, provincial y municipal, y desde las propias fuerzas ocupantes, reproducen y defienden esta suposición. La mayoría de las fuerzas políticas rosarinas apuestan y exigen una prolongación eterna de la ocupación ya que, sostienen, garantiza la tranquilidad ciudadana. A finales de mayo se vio la máxima expresión de este consenso: la intendenta Mónica Fein y el secretario Berni, bailaron un chamamé en el barrio Las Flores a modo de festejo por el desembarco de las fuerzas y la “tranquilidad” conseguida. Hasta ese momento, los medios, funcionarios y una porción muy amplia de los ciudadanos compartían esta mirada. Fue tal el impacto, que en un primer momento, organizaciones de izquierda y sectores progresistas saludaron la medida.

Criminal Mambo

La vista ciega y la mirada optimista empezó a cambiar, para algunos sectores, cuando aparecieron las primeras denuncias de abusos de autoridad por parte de las fuerzas represivas. A finales de abril, apenas semanas después del desembarco, el diario La Capital titulaba: “Denunció que gendarmes le pegan a su hijo por fumar porro”. Un joven fue detenido en zona sur por efectivos de Gendarmeria “mientras fumaba un cigarrillo de marihuana”. Según denuncia Claudia, su madre, “lo esposaron, lo pisaron y lo golpearon durante una hora” en la sede de la fuerza. “Yo pensaba que Gendarmería era mucho mejor que la policía”, disparó la madre angustiada por la situación. El hecho no fue aislado y desde ese entonces empezaron a salir a la luz diferentes casos.

Luego del episodio, empezaron a llegar denuncias a organismos de Derechos Humanos, movimientos sociales, organizaciones territoriales y, también, a través de las redes sociales y de los comentarios en los portales de noticias. Tres semanas pasaron para que La Capital vuelva a publicar un nuevo abuso de las fuerzas de seguridad. Esta vez, se trataba de “Lucho”, integrante de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), requisado por gendarmes, quienes “lo obligaron a bajarse los pantalones, pese a la advertencia que les hizo sobre su identidad sexual” y la incomodidad que le generaba. “Me terminé bajando los pantalones para no ofrecer resistencia y evitar que me agredieran, que es lo que habían hecho con dos compañeros que estaban conmigo. La situación fue vergonzante. Les dije que aunque tengo aspecto de varón tengo vagina y me incomodaba bajarme los pantalones, pero querían hacerlo y por eso no me opuse”, explicó al diario. Por su parte, el presidente de la entidad, Esteban Paulón, señaló: “Son varias denuncias que hemos recibido. En los barrios hay mucho ensañamiento con integrantes de nuestro colectivo”.

Las denuncias se cuentan de a decenas. Una serie de notas publicadas en el Boletín enREDando reúne los casos. El periodista Martín Stoianovich pudo sumar testimonios de una trabajadora social que recolectó denuncias de abusos en una hoja escrita a mano “porque es lo único que puede hacer”. Los hechos van desde requisas violentas, provocaciones, tortura y hasta desaparición y detenciones ilegales por algunas horas. Estas situaciones son sufridas, en su mayoría, por jóvenes y hasta hay casos de niños: un menor, de tan solo 11 años, fue golpeado y luego “lo dejaron tirado en la calle”. La mujer, que decidió proteger su identidad, fue clara: “Antes teníamos miedo de los tiroteos de los pibes y ahora tenemos miedo de Gendarmería”.

La Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud, que reúne a unas quince organizaciones barriales, publicó un contundente comunicado a poco más de un mes de la ocupación, denunciando esta situación: “Los pibes y pibas manifiestan su miedo de circular por la calle, como si estuviese prohibido, porque ya han sido blanco de operativos que comienzan como averiguación de datos y finalizan con agresiones, humillaciones y amenazas”. Más adelante, puede leerse: “Con semejante despliegue militar, no se va a terminar con el narcotráfico ni todas sus ramas si sólo se realizan allanamientos a los búnkers instalados en los barrios y no se desentraman las redes económicas del negocio. Creemos que de esta forma se está alejando a los vecinos de los barrios de sus libertades, despojándolos de la pertenencia de sus territorios y de sus derechos fundamentales”.

¡Bang! ¡Bang! Estás liquidado

Otro argumento esgrimido por los defensores de la política de ocupación tuvo que ver con la crítica situación de violencia vivida en Rosario en los últimos años. La creciente criminalidad del poder narco, en complicidad con la policía -véase el caso Hugo Tognoli- y el poder político, alcanzó nuevamente, un tristemente célebre récord para la ciudad: en 2013 se registraron 264 homicidios. Esta situación no pudo revertirse con la presencia de las fuerzas, lo que demuestra el fracaso de la política de “pacificación”.

El jueves 23 de octubre, el diario La Capital, publicó una escueta nota con declaraciones de la directora del del Instituto Médico Legal de Rosario, Alicia Cadierno. “Tenemos 198 heridos por arma de fuego en lo que va del año”, informó la médica forense y promedió alrededor de cuatro muertes por semana por la misma razón. “Hace pocos años tener un muerto por arma de fuego era excepcional”, dejó en claro, y agregó que de acuerdo a las 830 autopsias practicadas durante casi diez meses, “no hay demasiada diferencia con respecto al año pasado, pero lo que cambió fue la causa de la muerte”. Los asesinatos por arma de fuego “aumentaron de manera considerable”. El breve artículo precisa al final que el asesinato perpetrado hacía un día, contra Luis Bassi (padre de “El Pollo” Bassi, detenido y procesado por el crimen de Claudio “Pájaro” Cantero, líder de la banda de Los Monos), en Villa Gobernador Gálvez, se transformó en el “crimen número 200 en lo que va del año”.

El año anterior se alcanzaba un nuevo récord y los medios rotulaban, otra vez, a Rosario como la ciudad más violenta. Cada año supera al anterior. Una hazaña que no genera nada de orgullo y sí molestias para los funcionarios. Sin embargo, parece que 2014 va en camino a sobrepasar esa cifra: una semana antes, se alcanzó el mismo número de homicidios que se había registrado para los primeros días de noviembre de 2013. Es decir, las 200 muertes registradas el año pasado, fueron igualadas unos días antes. Esta situación pinta el panorama de violencia que se vive en la ciudad con o sin las fuerzas ocupando barrios. En la conferencia del 9 de abril, Berni aseguraba que el “desembarco pacífico” de fuerzas federales serviría para “bajar índices de violencia”. Otra promesa incumplida.

Puede fusilarte hasta la Cruz Roja

Un factor determinante es el fácil y creciente acceso a las armas de fuego por parte de civiles. Las fuerzas de seguridad se ven comprometidas en el negocio y la circulación de armamento. Un capítulo del libro Ciudad Blanca. Crónica Negra, del periodista Carlos del Frade analiza esta situación. Según las propias palabras del ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, en Santa Fe hay unas 300 mil armas en manos de civiles. La mitad, calcula, son ilegales. También habló de una “epidemia de violencia armada”.

Un artículo publicado en Rosario/12 a mediados de febrero de 2014, citado también en el libro, firmado por Evelyn Arach, dispara que los más de 40 homicidios cometidos hasta ese entonces dejaban expuesta la vulnerabilidad “de los jóvenes en los barrios más alejados del centro y el fácil acceso a las armas que lleva la violencia a un grado extremo”. Más adelante detalla: “Según datos oficiales, durante el 2013 la Unidad Regional II secuestró 1195 armas de fuego en distintos procedimientos policiales y se reportaron como sustraídas 178. Sin embargo, según datos de la delegación local del Registro Nacional de Armas (Renar), no se informaron más que tres armas secuestradas en todo el año”. La ley 25.938 obliga al Ministerio de Seguridad a informar de esta situación para garantizar un control, pero nada de esto parece ocurrir.

El mismo artículo, continúa: “Por si fuera poco, datos oficiales de esa delegación, que funciona en 9 de Julio 3393, dan cuenta de que por día se informan de dos a tres armas extraviadas por las fuerzas de seguridad”. El propio Lamberto reconoció que el resguardo es “precario”. El trabajo de Carlos del Frade recopila testimonios de militantes barriales que denuncian el mercado negro y la provisión de armas de grueso calibre a “los chicos” por parte de las fuerzas de seguridad. “Vemos una complicidad entre la policía, las armas y la droga que es el gran negocio que se está disputando hoy en los barrios. ¿Y quién pone el cuerpo? Los chicos son los escudos de ese negocio, los que terminan siendo asesinados”, expresó con preocupación Liliana Leyes, integrante de la Asamblea al periodista rosarino.

Ropa Sucia

Según un informe presentado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a principios de 2014, el narcotráfico es uno de los negocios más grandes del mundo, ya que mueve más de 300 mil millones de dólares al año. Varios capítulos del completo y urgente trabajo de Carlos del Frade hacen referencia al fracaso y el sentido final de las políticas represivas que dicen combatir el narcotráfico. El mismo discurso es el que se empleó para la ocupación en Rosario y se exige y defiende en todo el país por el poder político y los medios de comunicación.

La historia, o el punto de partida elegido por el periodista, arranca cuando Richard Nixon, entonces presidente de Estados Unidos y creador del Departamento Antinarcóticos del Estado (DEA), declara a la droga como “enemigo público número uno” de su país, y luego, Ronald Reagan lanza en mayo de 1988 la “guerra contra las drogas”.

Según del Frade, en realidad “se trató de hacer participar a las fuerzas de seguridad nacionales y regionales en la represión y vigilancia de los sectores populares” de grandes países de Sudamérica. “Bajo ese pretexto -continúa- surgieron los planes Colombia, Mérida (en México), el ejército en las favelas brasileñas y el resultado fue la multiplicación de las muertes de hijas e hijos de los pueblos, el desplazamiento de grandes sectores sociales, la ocupación de esos sectores por negocios inmobiliarios y otros negocios multinacionales y, en forma paralela, el crecimiento del narcotráfico y la facilidad para acceder a las armas”. Esa doctrina de seguridad nacional de los años setenta fue reemplazada por la doctrina de la seguridad ciudadana. Según el periodista, la receta es la misma: “Control social y represión a las mayorías populares en el patio trasero”.

En otro capítulo, explica dicha “doctrina” como un doble negocio, económico y político, para el capitalismo: “Millones de dólares y miles de pibas y pibes controlados químicamente para que dejen de surgir revolucionarios y, en todo caso, que crezca el delito pero nunca más el pensamiento crítico y la urgencia de cambiar la realidad”.

Esta injerencia directa se vio desde los primeros días de 2014. El seis de enero, el cuestionado Teniente General del Ejército César Milani, anunció la compra de 35 Hummer al amenazador Comando Sur de Estados Unidos para “combatir el narcotráfico”. Semanas después, el gobernador Antonio Bonfatti y el ministro Lamberto, recibieron instrucciones de la DEA, del FBI y otras fuerzas para implementar políticas contra el avance del narcotráfico en la provincia. “Vinieron asesores de esas fuerzas a dictar cursos a la policía santafesina tal como había sucedido a fines de los ochenta y en los 90 durante el primer gobierno de Carlos Reutemann”, escribió Carlos del Frade, y agregó: “Entre febrero y marzo, el propio Berni, Daniel Scioli después, funcionarios del gobierno cordobés de De La Sota y ahora mismo, integrantes del ejecutivo mendocino, hacen el mismo periplo. Van al norte, reciben especialistas de la DEA y anuncian las mismas medidas en todos lados: policía de proximidad, policías municipales, convocatoria a ex policías y pedido al gobierno nacional para que envíen tropas de gendarmería y prefectura a los conurbanos”.

Según el último informe de la ONU, los tres principales exportadores de cocaína a Europa son Brasil, Colombia y Argentina. El crecimiento del consumo también es notable: según estadísticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc), Argentina junto a España encabezan el ranking mundial de consumo de cocaína. La muestra del fracaso de la “lucha contra el narcotráfico” está a la vista en estos datos y en la escalada de violencia en las ciudades. La mano de las potencias que dicen combatir tal problemática para inferir en las políticas internas de los países y manejar el negocio también queda en evidencia.

Mucha tropa riendo en las calles

Se acerca fin de año y aparece la necesidad de reforzar la política “preventiva” en las grandes ciudades. El Gobierno nacional pretende adelantarse a posibles situaciones conflictivas para un diciembre preelectoral. Trascendió en los medios nacionales la orden de suspender las licencias de las fuerzas de seguridad para los meses de diciembre, enero y febrero. La medida encabezada por Sergio Berni y César Milani compromete al Ejército, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía Federal. En Rosario, la ocupación fue sumando agentes y ahora se prepara un nuevo desembarco. Otra muestra del fracaso de la política de “pacificación”.

Según un artículo publicado por la Cooperativa de Comunicación La Brújula, a la suspensión de licencias a las diferentes fuerzas represivas, se suma la ocupación, a partir de diciembre, del predio municipal de la ex-Sociedad Rural por parte de la Gendarmería, “levantando una estructura para más de 400 personas”. Además, otros alojamientos “municipales/provinciales” como la emblemática “Casona”, ubicada en el barrio Pichincha, también “ocupará la temporada con un centenar de miembros” de esa fuerza. Un nuevo arribo en la ciudad que anuncia la profundización de la militarización.

Semanas atrás se conocían declaraciones de la Ministra de Seguridad de la Nación, María Cecilia Rodríguez, quién confirmó que no existen planes de retirar los efectivos de las fuerzas en la ciudad y, en septiembre, informó a La Capital que 2300 efectivos patrullan las calles con 200 nuevos vehículos. La intendenta Monica Fein remarcó a LT3, en los primeros días de noviembre, que no existen planes para retirar las fuerzas. “Lejos de confirmar la hipótesis de un retiro sucesivo de efectivos, reafirman el pleno desarrollo del plan de ocupación territorial y la adquisición de nuevo equipamiento y transporte”, sintetiza Gustavo Erb en La Brújula.

Nuestro amo juega al esclavo

El eje de estas políticas pesa sobre un sector de la sociedad: el que vive en los barrios más pobres, marginados y excluidos desde hace décadas. La “lucha” contra el narcotráfico parece limitarse a ocupar estas zonas de conflicto y caer sobre el último eslabón de la cadena de un negocio multimillonario. Desde el desembarco, no hubo un sólo operativo para atrapar a los mafiosos de guante blanco. De esta manera, cuesta justificar o encontrar coherencia en las intenciones de las fuerzas y del Estado en todos sus niveles.

Consultado sobre este punto, Carlos del Frade disparó: “Por más que se venda droga en un búnker en 27 de Febrero y Circunvalación, la guita grande del narcotráfico pasa acá en el centro, donde están los bufets de abogados, los grandes empresarios, el lavado de dinero. Y en el centro no hubo un solo allanamiento”. Además, agregó que “la militarizacón en el barrio puede dar una sensación de seguridad”, pero le parece que “va a durar poco”.

También apuntó contra el tratamiento de los medios en esta cuestión. “Nos quieren hacer creer que todo se termina con la responsabilidad de los policías corruptos. Cómo si no hubiera alguien político que pone al jefe de policía; cómo si no hay alguien que habilita a empresas, como tenía Luis Medina para lavar dinero, Esperanto por ejemplo, eso se habilitó desde el municipio. Hay huellas groseras de la complicidad política, pero nadie habla de eso porque está la pauta publicitaria”, remató certero.

Estás frito angelito

A partir de estadísticas y denuncias, queda claro que los jóvenes pobres de los sectores populares son el blanco de la acción represiva. Un sistema que los excluye de la educación, del trabajo, de la salud, de los Derechos Humanos elementales; luego los reprime y los señala como los generadores de todos los males. La desigualdad social, de clase, es el fondo que no se combate.

Según el Barómetro de la Deuda Social con al Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA) y datos del gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad rosarina, en el Gran Rosario viven 350.774 chicas y chicos de entre 0 y 19 años. Alrededor de 70 mil, el 18,6 por ciento de estos jóvenes padecen inseguridad alimentaria; unos 140 mil (40,2 por ciento) no tienen cobertura social; cerca de 180 mil (55,5) vive en malas condiciones ambientales. Aproximadamente 105 mil (31,4) vive en hogares pobres; y son cerca de 25 mil (7,7) los que sobreviven en hogares indigentes.

Techo, una organización no gubernamental (ONG), realizó en 2013 un “relevamiento masivo de villas y asentamientos” en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba Capital, Alto Valle de Río Negro y Neuquén, Gran Posadas, Gran Salta y Gran Rosario. El informe presentado en septiembre de este año arrojó resultados alarmantes para el departamento Rosario: 46.050 familias viven en asentamientos precarios; mientras que el total de hogares en situación de hábitat informal llegan a 50.500, distribuidos en 172 asentamientos irregulares. De éstos, 89 son caracterizados como “villa”, 73 como asentamiento y 10 son clasificados como “barrios populares informales”. En la ciudad, el 55 por ciento de los barrios informales son villas. “En los asentamientos la pobreza es más que un problema de vivienda: es también imposibilidad del acceso a los servicios básicos formales y no contar con el servicio de recolección de basura”, afirmaba el director de Techo Rosario, Tomás Gregorini, a La Capital.

En ese contexto viven miles de niños y jóvenes. En esa realidad, también, crece como la injusticia el negocio del narcotráfico, la venta de armas y la “opción” para algunos de esos chicos y chicas de ser “soldaditos” custodiando algún búnker por algunos pesos, esperando la muerte, mientras algunos señores de traje y corbata lavan ese dinero negro en el centro de la ciudad, donde florecen lujosos edificios.

Los jóvenes son las víctimas y otras veces victimarios de este negocio. Son el último eslabón, la carne de cañón. De las 264 personas asesinadas en 2013 en el Gran Rosario, 178 tenían menos de 35 años. Casi la misma proporción se repitió en 2012.

¿Y cuánto vale dormir tan custodiado?

Se acerca fin de año y aparece la necesidad de reforzar la cantidad de efectivos de las fuerzas represivas en la ciudad. Los índices de violencia y asesinatos no descendieron. Tampoco el negocio del narcotráfico. Los decomisos fueron muy pobres y no hubo una sola investigación que apunte hacia algún “pez gordo”. Se “combate” el narcotráfico apuntando al último eslabón y a “perejiles”. Crecen los casos de abuso por parte de las fuerzas, algo que puede traducirse tanto en miedo como en odio y bronca. Se repiten políticas que son un fracaso, o un éxito dependiendo desde qué óptica se elija mirar, en la lucha contra el narcotráfico.

Contrainfo.com

Pasó más de medio año de la ocupación para la “pacificación”. Se pide más presencia y que se aumente el número de las fuerzas que dicen garantizar la seguridad. Las mismas que, como Gendarmería, dejan pasar los cargamentos de drogas en las fronteras; que tienen estrechas relaciones con el negocio del narcotráfico; que violentan a los jóvenes; que los desaparecen y asesinan, como el reciente caso de Franco Casco; que tienen denuncias por realizar tareas de inteligencia y espionaje a organizaciones sociales, partidos políticos y trabajadores (otra vez Gendarmería como ejemplo); esas mismas fuerzas son las que funcionarios, también vecinos, piden para garantizar la seguridad.

Cuál es el fin de una ocupación que no va a las raíces de la problemática. Qué sentido tiene militarizar los barrios y no revertir la situación de miles de personas que viven en condiciones de pobreza estructural, económica y cultural. Cómo las fuerzas represivas tan ligadas a las mismas prácticas que dicen combatir pueden garantizar esa seguridad tan vapuleada. Cómo se puede sostener una política que en más de seis meses no logró revertir la violencia en la ciudad y que ahora demanda más efectivos.

¿Qué rol están cumpliendo las fuerzas represivas en la ciudad? ¿Será que eso es precisamente lo que ningún funcionario puede contestar? Son muchas las preguntas que surgen y pocas parecen tener respuesta. Al menos desde el propio Estado en todos sus niveles, que sólo se limita a reproducir la idea de que con un mayor número de “fuerzas de seguridad”, ésta va a estar garantizada, sin tocar, claro, ningún interés que altere el orden de clases existente.

Fabián Chiaramello. Cooperativa de Comunicación La Brújula

Fuente: BrújulaComunicación 

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