Doscientos treinta mil muertos hasta ahora

Para la guerrilla, en cambio, la culpable de la violencia de medio siglo es la oligarquía colombiana y sus militares y paramilitares. Por lo tanto no entregarán las armas sino en todo caso las dejarán en lugar seguro. Y lejos de ir a la cárcel, quieren hacer política, ir al Congreso para luchar por una Colombia con justicia social.

Manuel Marulanda y Juan Manuel Santos.

Manuel Marulanda y Juan Manuel Santos.

Por Emilio Marín. La guerrilla colombiana decretó el sexto alto al fuego y Santos ni uno. El conflicto colombiano lleva 50 años y costó la vida de 230.000 personas. Desde 2012 negocian en La Habana el gobierno de Santos y las FARC. La negociación está en etapa decisiva. La guerrilla comenzó su sexto alto al fuego. Santos ni uno.

Cuando alguien se asoma al conflicto colombiano no puede menos que conmoverse por la extensión y la crueldad del Estado a lo largo de gobiernos liberales y conservadores que se alternaron en la Casa de Nariño.
Extensión porque duró hoy más de 50 años, si se cuenta a partir del surgimiento de las FARC como autodefensa de campesinos en Marquetalia, en mayo de 1964, fundada por Manuel Marulanda (“Tirofijo”). También podría tomarse de jalón el Bogotazo, de 1948, con lo que la cuenta daría 67 años. Al traer a colación esos hechos surge que dos de los componentes del conflicto, muy ligados entre sí, son el manejo de un estado antidemocrático por las elites colombianas, y el dominio de la tierra y otros negocios mineros y petroleros que el capitalismo dependiente fue desarrollando.
Crueldad del Estado, porque con los colores cambiantes del bipartidismo (ahora hay nombres de fantasía como Partido de la U de Juan Manuel Santos y el Centro Democrático de su antecesor Alvaro Uribe), lo cierto es que se continuó con la guerra contrarrevolucionaria en fina sintonía con Estados Unidos. El Comando Sur tiene al menos 7 bases militares, concesionadas a su favor desde 2009, cuando Rafael Correa los corrió de la base ecuatoriana de Manta.
Ya en tiempos de la administración Clinton, EE UU alimentó a la maquinaria militar colombiana con centenares de millones de dólares anuales. Era el “Plan Colombia”, para tratar de exterminar a las FARC y a la otra guerrilla, el ELN.
Así se explica lo luctuoso de esa historia sudamericana. Se estima que murieron 230.000 colombianos y que hay 45.000 desaparecidos. El fiscal general Eduardo Montealegre declaró en el corriente mes que en los últimos seis años se han encontrado fosas comunes con 5.700 muertos. Los mismos se ubicaron en los departamentos de Antioquía, Magdalena, Putumayo y Córdoba. El grueso de esos muertos corrió por cuenta del Ejército y los paramilitares aunque también en Colombia tiene vigencia la “teoría de los dos demonios” y se acusa a las FARC y ELN.

Buenas noticias a partir de La Habana

La buena noticia fue que en noviembre de 2012 arrancó en La Habana, un proceso de diálogo entre el gobierno de Santos y una delegación de las FARC encabezada por su segundo comandante, Iván Márquez. La delegación fariana tiene 17 miembros, que en este mes van a rotar, menos los miembros del Secretariado Nacional. Varios de ellos volverán a sus puestos de lucha en los bloques y frentes del interior, y otros dirigentes irán a la capital cubana a ocupar sus lugares.
El 7 de julio pasado comenzó la ronda de diálogos número 37, centrada en el tema de Víctimas del conflicto armado y justicia transicional, que ya había generado al menos dos acuerdos en la edición anterior. Uno sobre la forma como reparar a las víctimas y otra para formar la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que tiene un alto valor estratégico para la guerrilla. Debe ser por esto que el gobierno se demora en su implementación, mientras Iván Márquez clama para que esté constituida en noviembre próximo.
La razón del apuro guerrillero es simple. Frente a quienes los acusan de ser promotores de la violencia y responsables de tantas muertes, y quieren mandarlos a la cárcel una vez que concluyan los diálogos de paz, el Estado Mayor de las FARC cree que las causas de la violencia fueron el latifundismo, la oligarquía y sus fuerzas militares y para militarismo. De allí que Márquez abogue por la Comisión de la Verdad, confiando que así quedará claro quién fue criminal y quién no.
Al día siguiente del inicio de la ronda número 37, la guerrilla se despachó con una novedad política. Decretó a partir del 20 de julio y por el plazo de un mes, un alto el fuego total de sus combatientes, que sólo responderán ataques enemigos. Fue el sexto alto al fuego que iniciaron, sin que el estado colombiano aceptara nunca sumarse a esa moratoria. La negativa estatal argumentó que la guerrilla aprovecharía eso para fortalecerse y que habría un cese bilateral del fuego recién cuando se firme todo en Cuba.
En los días previos la ex senadora Piedad Córdoba declaró que era urgente un silenciamiento de los fusiles, pactado por las dos partes. “De abril a junio suman 97 muertes entre guerrilleros y soldados, todas se debieron evitar” planteó Córdoba, defensora de derechos humanos, en su cuenta en Twitter.
La dirección guerrillera había decreto el cese del fuego anterior el 20 de diciembre de 2014 y debió interrumpirlo a mediados de mayo de este año, a raíz de tantas muertes como las citadas por la ex senadora. El ejército de Santos retomó desde mediados de mayo sus habituales bombardeos y ofensivas contra campamentos rebeldes. Llegó un punto en que éstos dijeron basta. El 8 de julio informaron de su sexto alto al fuego que Santos tampoco acompañó, como es habitual en él y su generalato.

Necesidad de un alto el fuego

Las FARC ya venían pensando en otro alto al fuego de su parte. Y, políticas como son, aprovecharon que los dos garantes, Cuba y Noruega, con apoyo de los observadores, Chile y Venezuela, solicitaron a las dos partes que desescalaran el conflicto. Ni lerdos ni perezosos, los insurgentes respondieron que sí y aprovecharon para insistir en que se activara un compromiso anterior sobre desminado en Antioquía y el Meta. Esas tareas comenzaron pero debieron interrumpirse por el fallecimiento de un militar que participaba del desminado. Ahora el general Rafael Colon, director de Acción Integral contra Minas Antipersonas está ajustando el protocolo de seguridad antes de retomar el programa. Entre muertos y mutilados esas minas han causado 11.000 víctimas.
El paso dado por las FARC fue muy elogiado en Colombia y el mundo; al interior por el Movimiento de Víctimas del Estado (Movice), Colombianos por la Paz, Constituyente por la Paz, Marcha Patriótica, legisladores, etc.
Eso llevó a Santos a instruir a su jefe de delegación en La Habana, Humberto de la Calle, a firmar con su contraparte Márquez el comunicado conjunto N° 55, titulado “Agilizar en La Habana y desescalar en Colombia”. Allí se reconoce el alto al fuego de una parte y se compromete la otra a desescalar el conflicto armado, de modo que en cuatro meses se evalúe nuevamente la posibilidad de que por fin el alto al fuego sea bilateral y prolongado.
También se acordó que en el Palacio de las Convenciones se negociará en forma más intensiva sobre los temas pendientes. Esa reactivación incluye a la subcomisión que discute el fin del conflicto, la posible dejación de armas por los insurgentes y las garantías para las FARC por parte del Estado. Esa subcomisión está integrada por jefes militares enviados por la Casa de Nariño, presidida por el general Oscar Naranjo, y por líderes guerrilleros. Antes se reunía sobre el fin de cada ciclo de diálogos y ahora funcionará con mismo ritmo de la mesa de negociación general.

Juan Manuel Santos debe definirse

Los que negocian en la mayor de las Antillas también pidieron que se sumen como observadores o árbitros un representante de Unasur y otro de la ONU. Fue otra señal de que dichos diálogos están entrando en una fase decisiva. Ban Ki Moon saludó la solicitud aunque aún no nombró a su delegado. Unasur fue más rápida como presidente pro-témpore de la entidad, y designó al ex ministro de Defensa, y de Trabajo y Seguridad Social, y ex diputado José Bayardi.
Otro aporte de las FARC a los diálogos es la devolución de sus prisioneros, como hizo recientemente con el subteniente del Ejército, Cristian Moscoso, capturado en Putumayo. Santos no puede decir lo mismo porque mantiene en sus prisiones, en situaciones infrahumanas, a miles de presos políticos. Días atrás, personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Noam Chomsky, Angela Davis y otras le pidieron por la vida de 71 presos políticos que atraviesan gravísimas situaciones de salud y de encierro.
De la agenda de 5 puntos que se discuten en la isla, en tres se han llegado a acuerdos: cuestión agraria, participación política y drogas ilícitas. Se está discutiendo el cuarto tópico, de las víctimas y la justicia transicional, y ahora también sobre el fin del conflicto armado, que junto al anterior concentra la mayor diferencia entre las partes. Para Santos, las FARC son culpables de la violencia, deben entregar sus armas y sus principales dirigentes deben ir presos.
Para la guerrilla, en cambio, la culpable de la violencia de medio siglo es la oligarquía colombiana y sus militares y paramilitares. Por lo tanto no entregarán las armas sino en todo caso las dejarán en lugar seguro. Y lejos de ir a la cárcel, quieren hacer política, ir al Congreso para luchar por una Colombia con justicia social. Y eso requiere garantías de que no serán exterminados como Unión Patriótica.
En cuatro meses se sabrá si Santos se mantiene en los diálogos y va hasta el final, o si patea el tablero. El adversario ha tenido muchos buenos gestos pero no está dispuesto al suicidio ni a entregarse porque no es una guerrilla derrotada. Por otros medios quiere forjar la misma Nueva Colombia que pergeñó Manuel Marulanda.

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