Macri se burla de la democracia a puro decreto

Con cinismo, Aguad aclaró el 23 de diciembre, en plena faena de carnicería, que “la ley por ahora no se toca”, aunque estaba trozándola con apuro y torpeza. Sin embargo lo peor aún no había llegado. Con nuevos decretos el PEN macrista acometió lo peor de su obra, demostrando cuántas gauchadas tiene que devolver a Clarín, Telefónica y Telecom.

Macri mintió cuando dijo que respetaría el funcionamiento democrático

Macri se burla de la democracia argentina gobernando a puro decreto, cuando dijo, durante su campaña que haría exactamente lo contrario

Por Emilio Marín. Macri aprovecha el verano para avanzar a puro DNU. Mauricio Macri llegará a los 300 decretos en su primer mes de gobierno. Está aprovechando el verano para avanzar así, con una oposición todavía inorgánica y confusa, y una sociedad que hoy en su mayoría lo deja hacer.

La estimación numérica del cronista puede quedarse corta, porque el 29 de diciembre pasado ya se conocía el decreto del PEN n°257/2015. Habían transcurrido apenas 19 días de gestión y con el instrumento de ese número se  suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Éste había sido aprobado por ley del Congreso en junio del año pasado y el 1 de marzo del corriente año se implementaría. Ahora deberá esperar.

En ese caso Macri y su ministro de Justicia Germán Garavano decidieron aplicar los frenos. En tantas otras materias, el presidente, aconsejado por su jefe de Gabinete Marcos Peña, en cambio, aceleró a fondo y se llevó puesto a leyes, entidades y conquistas, como si fuera uno de los pilotos del Dakar que quiere ganarle al viento.

Siguiendo con la imagen del piloto, Macri se ha puesto un traje antiflama de esos que usan quienes conducen en esa competencia, por ejemplo para que no lo erosione en lo más mínimo el episodio de la fuga de los tres presos del penal de General Alvear. Su gabinete y su equipo de medios de comunicación amigos no permiten que lo rocen en lo más mínimo. A lo sumo Cristian Ritondo, ministro bonaerense, y muy ocasionalmente María Eugenia Vidal, son quienes ponen la cara para explicar el caso.

Se supone que Martín y Cristian Lanatta, y Víctor Schillaci van a caer en manos de la policía bonaerense en cuestión de días, porque –fugados el 1 de enero- no han podido alejarse de la provincia. Y se sabe que han tenido un precario aprovisionamiento y logística en el sur bonaerense, donde son muy conocidos. Parece que no podrán ir muy lejos.

Lo cierto es que el gobierno de Vidal –y de Macri, por más que se enfundara en el antiflama- ha tenido un primer tropiezo en la materia donde tanto presumían de saber qué, cómo y cuándo debía hacerse: la seguridad.

Los fugados contaron con mucha complicidad del Servicio Penitenciario y de la Policía, instituciones que ya eran un desastre desde antes de la asunción de la gobernadora del PRO. Ella tiene que hacerse cargo de esa brasa caliente porque desde el 10 de diciembre pasado gobierna desde La Plata, aunque Daniel Scioli tiene la mayor responsabilidad en el estado de las cárceles y comisarías del distrito. En la materia sostuvo que haber sumado a 80.000 policías era garantía de seguridad, teoría copiada de Blumberg y la extrema derecha norteamericana, y compartida por el macrismo, pero la realidad demostró que no era así.

“Si los justificativos son que quiere gobernar por decreto de necesidad y urgencia de aquí hasta que no veas al Parlamento reunido, me parece una falta de experiencia política”, enfatizó y agregó: “Una falta de experiencia política seria, que yo no atribuyo a ninguna juventud de gobierno, sino a la exterioridad que tiene el Gobierno de las formas políticas”, advirtió la intelectual en una entrevista con el Diario La Nación. – Beatriz Sarlo

Depurar y democratizar la policía, fuerzas de seguridad y servicios penitenciarios es una asignatura pendiente de casi 40 años de democracia. ¿El gobierno de Macri resolverá este gran asunto? Por su selección del comisario Fino Palacios para la Metropolitana; su dependencia del FBI, la DEA y los cursos con las fuerzas israelitas, el asesoramiento de ex jefes federales como el comisario Adrián Pelacchi, etc, es casi seguro que no lo hará.

Violar la ley

El macrismo tomó de blanco predilecto a la ley de servicios de comunicación audiovisuales. Cambió de órbita a la autoridad de aplicación, AFSCA, poniéndola bajo la bota de Oscar Aguad en Comunicaciones. Luego intervino aquella dependencia e hizo cesar a Martín Sabbatella, quien tenía dos años más de mandato según la norma legal.

Con cinismo, Aguad aclaró el 23 de diciembre, en plena faena de carnicería, que “la ley por ahora no se toca”, aunque estaba trozándola con apuro y torpeza.

Sin embargo lo peor aún no había llegado.  Con nuevos decretos el PEN macrista acometió lo peor de su obra, demostrando cuántas gauchadas tiene que devolver a Clarín, Telefónica y Telecom.

Esos decretos alteraron aspectos esenciales de la ley de medios:

-Le quitó competencia para regular la televisión por cable, que ahora pasará a la jurisdicción de ley de comunicaciones, Argentina Digital.

-Confirmó que las empresas de telecomunicaciones podrán brindar servicios de televisión por cable y viceversa, que hasta ahora no estaba permitido. Era una gran demanda de Clarín, para entrar en las telecomunicaciones, por ejemplo comprando parte de Nextel, y de Telefé y Telecom, para agrandar su peso en la televisión y radio.

-Permitirá que las empresas puedan vender sus licencias, previa aprobación de las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Esto tampoco podía hacerse hasta el momento.

-Se eliminó el tope del 35 por ciento del mercado audiovisual para la radio y TV privadas y se aumentó el número de canales de aire y radios que cada grupo puede tener. Antes eran 10 licencias por aire y 24 por cable, en todo el país, un aspecto antimonopólico central de la ley pluralista aprobada en octubre de 2009. Ahora serán 15 las radios y canales de TV abierta que puede tener un mismo grupo en todo el país y cuatro en una misma ciudad.

El falso argumento del gobierno es que la ley de medios estaba atrasada y que ahora está avanzando en nombre de la modernidad y la convergencia tecnológica. No es así. Ya bajo el gobierno de CFK se había aprobado la ley de comunicaciones Argentina Digital; su autoridad de aplicación AFTIC, con Norberto Berger, trabajaba en sintonía con la AFSCA.

La verdad es que la reforma impuesta por Macri a punta de decretos viene a favorecer a los monopolios, en negocios audiovisuales y de comunicaciones. Clarín, Telefónica y Telecom, y en menor medida Telecentro de Alberto Pierri, van a concentrar el negocio del “triple play”: telecomunicaciones fija y celular, televisión por aire y cable, y servicios de internet. “Triple play” para todos y todas las empresas monopólicas. Tal la alegre consigna del gobierno de los CEO empresarios.

Según sea el zapato

El plan macrista quiere que sus alteraciones y violaciones de la ley de  medios, así como otras que se refieren a aspectos institucionales, como el nombramiento a dedo de dos cortesanos para la CSJN o la postergación del nuevo Código Procesal Penal, queden limitadas al debate de una porción menor de la sociedad. Apuesta a que el grueso de los argentinos se interese mayormente por las alternativas del divorcio de Pampita y la infidelidad supuesta de Vicuña, de la libertad de Moria Casán, los chimentos de Mar del Plata y Punta del Este, los pases del fútbol, la largada del Dakar y los policiales comunes (cuando un columnista de “La Nación” asesinó a su esposa, eso no entró en la pantalla roja de los crímenes).

Más: La mini super Corte Suprema…

Aunque tuviera éxito parcial en esa intoxicación mediática, de todos modos una buena parte de los argentinos, con mayor conciencia, tiene relativamente claro qué está pasando con el nuevo gobierno. Que no lo expresen, es otra cosa. En parte porque están huérfanos de conducción política luego de la derrota del FPV y la confusión reinante allí, y porque además reconocen que Macri ganó las elecciones y tiene derecho a gobernar, aunque no de esta manera. De a poco se irán expresando, igual que algunos gremios que ya hicieron sus paros y marchas, como ATE nacional y sindicatos cordobeses.

Cuando las cachetadas del macrismo pegan en los trabajadores, o peor aún, las balas de goma de Gendarmería en las espaldas de los obreros de Cresta Roja, allí empieza la experiencia directa, irreemplazable, para quienes van a mantener o cambiar sus opiniones anteriores y su correspondiente voto.

Uno que puede hacer mucho en despabilar a muchos trabajadores es el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay. Ante los amagues sindicales de reclamar aumentos de salarios importantes en las próximas paritarias, visto el descontrol de precios operado desde principios de noviembre, no tuvo mejor respuesta que decir: “cada sindicato sabe hasta qué punto arriesgar salarios a cambio de empleos”.

Fue una tremenda confesión de parte, de quien está conduciendo la economía a un clima recesivo, de ajuste y caída del PBI, para que la clase trabajadora sea puesta de espaldas contra la pared, como en los años ´90: como hay poca actividad económica y se pierden numerosos empleos, mejor no reclamar salario porque te echan y otro ocupará tu lugar rápidamente. Más vale aguantate unos años con salarios bajos.

El cínico ministro subrayó: “cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato”.

Y ahí, en la fábula del zapato, está la esencia de clase del gobierno macrista. A los sojeros, banqueros y exportadores “les apretaba el zapato” del cepo cambiario, y se los levantó, devaluando 40 por ciento. A los oligarcas de la Mesa de Enlace Rural “les apretaba el zapato” de las retenciones, y se las retiró, sin importar que 84.000 millones de pesos anuales dejaran de entrar al fisco.

En cambio a los argentinos de a pie, a quienes les aprieta el zapato porque los precios han subido más del 15 por ciento entre noviembre y diciembre, en vez de atender a ese dolor, el ministro que administraba la millonaria cuenta no declarada de Amalia de Fortabat en el HSBC de Ginebra, los maltrata. Les dice que no reclamen aumentos en paritarias sino que agradezcan tener trabajo.

En ese apriete está la confirmación de que el ministro, siguiendo órdenes presidenciales, piensa empujar la actividad económica y los sueldos hacia abajo. Él no se ocupa de todos los pies doloridos. Es un zapatero de elites.

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