El tarifazo y la resistencia popular en Argentina

“No es el Poder Judicial el encargado de definir la política estatal, ni los parámetros tarifarios de la prestación de servicios públicos, pero tampoco puede aceptarse que el reconocimiento normativo de derechos por órganos representativos de la voluntad popular, queden sin tutela efectiva, allí donde se constata su vulneración”.

Los tarifazos de Macri

Los tarifazos de Macri

Por Mario Hernandez. Tarifazo. La resistencia popular hizo dar un paso atrás al gobierno. En su paso por EE. UU., el presidente Mauricio Macri en diálogo con la cadena CNBC explicó que: “Lamentablemente tuvimos que elevar las tarifas porque sin inversión en los últimos 10 años en energía un país no puede crecer. Se lo expliqué a la población y comprendieron”, dijo Macri para luego enfatizar este concepto al indicar: “Es increíble cómo nos acompaña (el pueblo) en el esfuerzo para volver a crecer”.

Se ve que cuando el primer mandatario efectuaba estas declaraciones desconocía las manifestaciones y protestas en contra del tarifazo que se fueron potenciando en los últimos días y demuestran el malestar general de parte de la población que se ve imposibilitada de afrontar las abultadas facturas de gas, electricidad y agua. Las concentraciones en las puertas de las distribuidoras de gas y en las plazas se sucedieron la semana pasada en las localidades bonaerenses de Morón, Ituzaingó, Castelar, Caseros, Junín y San Martín y en el barrio porteño de Chacarita. Días atrás también hubo protestas en Villa Gesell y Río Cuarto. Para el jueves de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (Adduc) convoca a un cacerolazo contra el tarifazo a las 20:00 en todo el país.
Intentando frenar la resistencia popular al tarifazo el martes pasado el gobierno nacional decidió una nueva modificación que limita al 400% directo en el caso de los particulares y al 500% en las empresas el ajuste de la tarifa de gas en relación a la última boleta recibida.

La ola de rechazo de los usuarios del servicio de gas se produjo al recibir por estos días las boletas con el aumento, que en algunos casos llegaron al 2.000 %. Ante las dificultades para afrontar esas facturas -que se suman a las de luz y agua, también con valores exorbitantes- surgieron convocatorias a distintas protestas. Las primeras se habían dado en el sur del país, en provincias con alto nivel de consumo de gas por cuestiones climáticas, pero los reclamos se fueron extendiendo por todo el territorio.

Durante la semana se fue gestando el malestar generalizado. En la localidad de San Martín, pese a que el día anterior un Juzgado Federal había frenado el tarifazo, cientos de vecinos se manifestaron frente a las oficinas de Gas Natural Fenosa. Las consignas se centraban en la necesidad de elegir entre pagar las facturas o comer. En ese reclamo se sumaron también pequeños y medianos empresarios, quienes denuncian que las tarifas completan un combo de caída de las ventas y de apertura de importaciones.

Por su parte, el titular de la asociación de consumidores Adduc, Osvaldo Bassano, confirmó la convocatoria para el próximo jueves a un cacerolazo nacional, a las 20 horas. Sobre el fallo que suspendió el aumento del gas, expresó su satisfacción: “Estamos muy contentos con la decisión (de la Cámara Federal de la Plata) que repudia este avasallamiento. Si es recurrido, esperamos que la Corte escuche a los usuarios”, advirtió.

La Cámara Federal de La Plata declaró nulas las resoluciones del Ministerio de Energía que dispusieron el aumento.

A raíz de una demanda presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) contra las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, el tribunal resolvió “declarar la nulidad de las Resoluciones 28 y 31”.

El fallo de la Cámara Federal no se limita, como otros, a los límites de una provincia o municipio sino que tiene alcance para los usuarios de gas de todo el país. El fallo de la Sala II surge tras la apelación que una asociación civil, una ONG y el Estado nacional realizaron a la resolución del Juzgado Federal de Primera Instancia 4 de La Plata, que ordenó convocar a una audiencia pública para debatir con los usuarios el aumento que rige desde marzo.

En su apelación, el CEPIS y la ONG Consumidores Argentinos plantearon la inconstitucionalidad del aumento aduciendo que el Estado no realizó la audiencia pública que contempla la ley antes de la aplicación del nuevo cuadro tarifario y consideraron que “se violó el derecho constitucional a la participación ciudadana”.

Por su parte, el Estado advirtió que la suspensión del aumento “en caso de aplicarse, causaría un gravamen irreparable” a las empresas que brindan el servicio, y defendió la legalidad del ajuste aunque no se haya realizado la audiencia pública previa.

Sin embargo, los jueces César Álvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin, consideraron “que la Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana, que refuerza los principios de acceso a la información y a la transparencia de las actuaciones estatales”. Asimismo, precisaron que “no es el Poder Judicial el encargado de definir la política estatal, ni los parámetros tarifarios de la prestación de servicios públicos, pero tampoco puede aceptarse que el reconocimiento normativo de derechos por órganos representativos de la voluntad popular, queden sin tutela efectiva, allí donde se constata su vulneración”.

“Estamos analizando los alcances del fallo y, en cualquier caso, como hemos hecho en todos los amparos, daremos todos los pasos procesales necesarios para defender las medidas tarifarias que hemos dictado y que están plenamente basadas en los marcos legales de cada uno de los servicios públicos involucrados”, sostuvo en un escueto comunicado la cartera que conduce el ministro Juan José Aranguren.

Según fuentes tribunalicias, los integrantes de la Corte Suprema comenzaron a analizar el martes tres pedidos de “per saltum” presentados por el Estado nacional sobre temas relacionados con el aumento de tarifas.

Para ese día (12/7) el Partido Obrero (PO) convocó a las 12:00, ante los Tribunales (Talcahuano y Lavalle), por la derogación definitiva del tarifazo y a favor de una movilización popular nacional en el mismo sentido. También lo hizo el Frente Popular Darío Santillán.

El proyecto presentado en mayo en Diputados por los parlamentarios del PO plantea la apertura de los libros de las concesionarias privadas para determinar qué destino dieron a los subsidios en los últimos 15 años, los cuales sumaron 30.000 millones de dólares que los argentinos pusieron como contribuyentes, desde el erario público. Consideran que hoy el tarifazo pasa la factura de la desinversión empresaria, pero a libro cerrado.

Tiempo Argentino

En el marco de su gira por Europa, el presidente Mauricio Macri brindó una entrevista al diario La Nación y opinó acerca del violento ataque de una patota a la redacción de Tiempo Argentino.

Este fue el diálogo con La Nación:

-¿Qué opina del episodio en Tiempo Argentino, donde una patota entró a amenazar a los periodistas y a romper las instalaciones?

-Todo eso está lejos de la Argentina que queremos. Pero me alegra que la Justicia esté interviniendo, como también intervino antes para pedir el desalojo del edificio. O sea, está mal cualquier tipo de usurpación. Me parece peor todavía con el ejercicio de la violencia, pero claramente nadie tiene derecho a usurpar lo que no es de uno.

-¿Se refiere a los periodistas que estaban haciendo su trabajo ahí?

-“Claro, claro”, respondió el Presidente.

La respuesta de los trabajadores que integran la cooperativa Por Más Tiempo, editora del diario Tiempo Argentino, no se hizo esperar: “Según consta en un acta firmada en el Ministerio de Trabajo, bajo la administración de Cambiemos, los trabajadores tenemos la “custodia” del inmueble de Amenábar 23, Ciudad de Buenos Aires, a raíz del estado de abandono en que los responsables de la empresa Balkbrug SA dejaron a los trabajadores.

Además, aclaramos que el juicio por desalojo es realizado contra la empresa Balkbrug, razón social de la que dice ser dueño -aunque nunca lo probó- Juan Mariano Martínez Rojas, quien durante la madrugada del lunes 4 de julio entró al edificio junto a veinte personas, golpeando brutalmente a trabajadores y destruyendo parte de la redacción del diario y de los estudios de radio América.

Con respecto al brutal ataque a la libertad de expresión, reiteramos, además, que ningún funcionario de las áreas de Seguridad y Justicia se comunicó en estos días con los integrantes de esta cooperativa de trabajadores ni visitó la redacción para ponerse al tanto de lo ocurrido.

Ante esta situación, le solicitamos al presidente una audiencia con el fin de ponerlo al tanto de nuestra realidad y de las acciones que hemos emprendido desde hace siete meses -cuando dejamos de cobrar nuestros salarios-, incluyendo los reiterados pedidos a diversas áreas del Estado para que protejan los puestos laborales y actúen sobre los principales responsables de este vaciamiento: Sergio Szpolski, Matías Garfunkel, Darío Richarte y Juan Mariano Martínez Rojas”.

El próximo jueves a las 17:00 los trabajadores se movilizarán a la Plaza de Mayo.

Movilización piquetera

Piqueteros de tres organizaciones sociales — Barrios de Pie y Frente Popular Darío Santillán y Frente Darío Santillán Corriente Nacional— se movilizaron el jueves pasado a la puerta de al menos cien supermercados para exigir donaciones.

Durante unas dos horas, mantuvieron cortado el tránsito en la intersección de las avenidas Callao y Corrientes para luego dirigirse a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, a fin de pedir una audiencia a la gobernadora María Eugenia Vidal.

“Queremos expresarle la preocupación de miles de familias que nos encontramos por debajo de la línea de pobreza y que, con la devaluación, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, de los alimentos y del transporte, estamos cada vez más lejos de llegar a la canasta básica y cubrir las necesidades elementales de cualquier ser humano”, aseguró el FPDS a través de un comunicado.

Nuevos despidos

El secretario general del Sindicato de Empleados Textiles (Setia), Mauricio Anchava, denunció que la empresa Alpargatas, que en mayo se comprometió a no producir despidos por el término de 90 días, no renovó los contratos de 48 trabajadores textiles de su planta en la provincia de Tucumán.

Se trata de la planta ubicada en la localidad de Aguilares que cuenta con una dotación de 350 trabajadores, representados sindicalmente por la Asociación Obrera Textil (AOT) y Setia.

Anchava manifestó también su temor de que Alpargatas adelante las vacaciones de su personal no sólo de Tucumán sino también en sus plantas en las provincias de Catamarca y La Pampa.

También La Nación que se había comprometido a mantener el plantel, despidió a dos trabajadores de prensa.

Trabajadores de la emisora de Radio Provincia con sede en La Plata venían denunciando que no cobraron debidamente sus salarios en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Los empleados señalaban que existían persecuciones ideológicas y hasta hablaban de listas negras.

Pero el pasado 6 de julio, desde la emisora que dirige Franco Bagnato enviaron 39 telegramas de despido.

En muchos casos, los empleados perseguidos y ahora echados, cuentan con una antigüedad de más de 25 años.

Reclamos salariales

La Federación Gremial de la Industria de la Carne informó que el lunes 11 de Julio desde las 00 horas se llevó adelante un paro por 24 horas en todos los frigoríficos comprendidos en la rama de Carne Roja, al no haber llegado a un acuerdo en la negociación paritaria con las cámaras del sector.

La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) anunció el estado de alerta y movilización y anticipó protestas por falta de pago de salarios a trabajadores de clubes adheridos a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Los trabajadores del fútbol se encuentran viviendo un estado de total incertidumbre ante los acontecimientos de dominio público que involucran a la AFA, y a muchos de ellos les han dejado de abonar sus salarios , situación que les afecta gravemente y pone en riesgo la situación alimentaria familiar”, denunció el sindicato.

Empleados del M inisterio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires protestaron este miércoles frente a las instalaciones del organismo para reclamar una recomposición en los salarios y exigir el pase a planta de más de 70 trabajadores.

En julio se retoman las paritarias entre los sindicatos y las autoridades de Radio Televisión Argentina. Los trabajadores reclaman un ajuste de 45 %, para compensar la pérdida del poder adquisitivo generado por la inflación desatada desde noviembre de 2015. Asimismo, reclaman el pase a planta de todos los contratados.

En la editorial Perfil, los trabajadores realizaron una protesta con quite de firmas en el diario, por segundo domingo consecutivo. La empresa no pagó el aguinaldo ni los aumentos, y empezó a pagar los sueldos en cuotas y con atrasos.

Una delegación de docentes de Tierra del Fuego, acompañados por organizaciones gremiales y de derechos humanos, realizó el jueves pasado un corte en Corrientes y Callao. Piden ser recibidos por los ministros de Educación y de Trabajo.

La Secretaria General Adjunta del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF), Verónica Andino, sostuvo que los docentes sólo tuvieron una reunión referida a las paritarias en la cual el ofrecimiento fue de un 0%. Señaló que “entendemos que hay una responsabilidad del Ministerio de Educación de la Nación. Hemos pedido audiencia con el ministro desde hace quince días y lamentablemente no nos han respondido aún. Hace tres días que vamos y permanecemos dentro del Ministerio y tendremos que seguirlo haciendo hasta tanto seamos recibidos” . A su vez, expresó que “no hay normalidad en la provincia” , que “la situación es muy crítica” y que no sólo los docentes se encuentran en lucha debido al paquete de medidas aprobadas en enero que “afectan a toda la población” , por lo que se ha conformado una Unión de gremios de más de veinte organizaciones. También denunció que han sufrido una reducción de los salarios y persecuciones por parte de las fuerzas de seguridad.

Encuentro Patagónico de Trabajadores y Jubilados

Durante el primer fin de semana de julio se realizó el primer Encuentro Patagónico de Trabajadores y Jubilados. El mismo contó con la presencia de representantes de la Unión de Gremios y Jubilados de Tierra del Fuego y de representantes de la Mesa de Unidad Sindical (MUS) de Santa Cruz. Además participaron representantes sindicales de otras provincias patagónicas como Río Negro, La Pampa y Chubut.

Se definió continuar trabajando en unidad y se le dio el nombre de Encuentro Patagónico de Trabajadores y Jubilados bajo el lema “Ni un derecho menos en la Patagonia” y con la redacción de un documento unificado que establezca los puntos que unifican la lucha, la iniciativa política y los puntos programáticos de acción.

Se establecieron una serie de acciones para llegar a una Marcha Patagónica para fines de agosto o principios de septiembre.

Se comenzaría con una jornada de lucha en cada distrito, ciudad, localidad y comarca para el día 14 de julio, con la modalidad que definan en cada jurisdicción.

Los puntos acordados, entre otros, son: Pedido de resolución de los conflictos en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Paritarias abiertas y libres. Defensa de las cajas provinciales. Contra los tarifazos, impuestazos y políticas de ajuste. Contra la criminalización de la protesta. Contra la precarización laboral en el Estado, por el pase a planta y la estabilidad laboral.

Se realizarán Asambleas y consulta a las bases para llegar con propuestas para fines de agosto a un segundo Encuentro Patagónico de Trabajadores y Jubilados en la Provincia de Santa Cruz e ir preparando la Marcha Patagónica. Se realizará además en toda la Patagonia una jornada de lucha específicamente contra la criminalización de la protesta el 18 de agosto.

Indice de precios para el movimiento obrero

Sindicatos de las distintas centrales gremiales presentaron una nueva medición de precios minoristas de la Universidad Metropolitana del Trabajo. El promedio para mayo fue del 44,1 % interanual. Los sectores de menores ingresos sufrieron un alza del 49,9 %.

La pérdida promedio del poder adquisitivo entre diciembre y mayo fue del 12 %, explicaron los dirigentes gremiales en la UMET.

El indicador es elaborado por el Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), un organismo creado por la Universidad Metropolitana del Trabajo (UMET) e investigadores del Conicet.

“No es un índice alternativo porque no hay forma de competir con el Indec. Es un índice que nos permite complementar y además corroborar información”, agregó Mariano De Miguel, quien encabezó la presentación del informe.

Referencias: : Infogremiales, Prensa Obrera, Página 12, Resumen Latinoamericano, www.diarioregistrado.com, www.telam.com.ar , www.ambito.com, Anred, Equipo de Comunicación de la CTA Tierra del Fuego, Mundo Gremial, APU.

Fuente: Rebelión

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